La JUR sale en defensa de Deloitte y la exonera de conflictos de interés con Popular

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Antigua sucursal de Popular.

La firma trabajó para Santander en la integración de Popular. Los servicios prestados “no guardaban relación” con la resolución, alega la auditora.

La Junta Única de Resolución (JUR) publicó ayer su decisión de no compensar a los accionistas e inversores afectados por la resolución de Banco Popular de junio de 2017, que culminó en su venta a Santander por un euro. El organismo presidido por Elke König ha llevado a cabo un análisis exhaustivo durante meses destinado a determinar si los acreedores hubieran recibido un trato más favorable en caso de que la entidad hubiera sido sometida a un proceso de liquidación ordinario, y la conclusión definitiva es que no.

En su dictamen, la autoridad europea encargada de lidiar con los bancos en problemas justifica su negativa a todas las alegaciones presentadas por los acreedores afectados y sale en defensa de Deloitte, la firma contratada como valorador independiente en el proceso.

Una buena parte de los comentarios presentados ante la JUR por los inversores cuyo dinero terminó volatilizado por la resolución de Popular incidieron en la idea de que Deloitte no actuó como una entidad verdaderamente independiente, ya que previamente realizó trabajos de auditoría para el banco comprador (Santander).

La autoridad de resolución descarta cualquier conflicto de intereses que pudiera afectar a los análisis e informes independientes y señala que, cuando Deloitte firmó el contrato para llevar a cabo la valoración de Popular, “no se evaluó la independencia del valorador con respecto a los posibles compradores, ya que no lo prevé el marco jurídico y el procedimiento de valoración es un proceso independiente del procedimiento de comercialización”, argumenta la JUR, que además añade que la firma no tuvo acceso a los nombres de los bancos interesados en quedarse con la entidad “hasta que se adoptó el dispositivo de resolución”.

El organismo europeo también sale después a defender a Deloitte a raíz de que la firma de auditoría y consultoría haya trabajado posteriormente para Santander precisamente en la integración de Popular. La JUR considera que estos encargos no constituyen un conflicto “significativo” de intereses. Para sustentarlo, indica que las dos valoraciones independientes encargadas a la consultora a raíz de los problemas de Popular trataban de analizar la situación de la entidad en situación de resolución (informe conocido como Valoración 2) o de liquidación (Valoración 3).

En esencia, el organismo comunitario considera que ninguno de estos trabajos previos podrían establecer una ventaja indebida que beneficiaría a Deloitte a la hora de proporcionar sus servicios al banco comprador una vez resuelto Popular. Y, a la vez, cree que los encargos de Santander tampoco influyen en la labor de la auditora como evaluador independiente.

“Por tanto, cualquier servicio prestado (…) tras dicha fecha siguiendo el principio de empresa en funcionamiento no podía afectar a la valoración”, concluye la JUR, que insiste en que la única finalidad de estos trabajos era determinar si las autoridades tendrían que pagar algún tipo de compensación a los accionistas, por lo que sostiene que los trabajos posteriores de Deloitte no podrían ocasionar ningún conflicto.

König pide explicaciones

La JUR reconoce, no obstante, que pidió explicaciones a Deloitte respecto a los contratos firmados con Santander. En concreto, el 18 de diciembre de 2019, la compañía “confirmó que ningún servicio prestado al comprador [Santander] estaba relacionado con la valoración o la información financiera sobre los activos y los pasivos de la entidad”, según el escrito publicado ayer.

Santander contrató a Deloitte para ayudarle en la integración de Popular. Pero la JUR reconoce sentirse satisfecha con las explicaciones aportadas por la firma auditora, que aseguró que dichos servicios “no guardaban relación alguna con los servicios prestados a la JUR”, sin dar más detalle de la naturaleza de los mismos.

Además, el banco presidido por Ana Botín también contrató a Deloitte para preparar “una solución de centro de coordinación único para recopilar información relacionada con la gestión de reclamaciones extrajudiciales y judiciales” relacionadas con Banco Popular. La firma aseguró que estos trabajos tampoco tuvieron ninguna relación con la defensa jurídica de la entidad en este caso, por lo que descartó una vez más cualquier conflicto de intereses.

Otros reclamantes cuestionaron, también, la conveniencia de haber contratado a la misma firma valoradora tanto para el informe previo a la resolución (Valoración 2) como en el posterior, destinado a determinar la responsabilidad de la JUR (Valoración 3). La autoridad europea rechaza una vez más las alegaciones de los reclamantes y sostiene que el marco jurídico no le impedía recurrir dos veces a la misma consultora, señalando además que las quejas “no están acreditadas”.

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