Socimis y grandes fondos ajustarán las rentas a los hoteles y comercios

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Lagoh, en Palmas Altas (Sevilla), es uno centros comerciales de la Socimi Lar España.

HIP (plataforma de Blackstone), Lar España, Castellana Properties, GGC, URW, Sonae o Merlin son algunos de los principales propietarios de hoteles y locales comerciales en España.

El tsunami que está provocando la crisis del coronavirus llega ya a los grandes propietarios de edificios y locales comerciales. Hoteleras, cadenas de restauración y de textil han empezado a mandar cartas a sus caseros para negociar las condiciones de sus contratos y plantear condonaciones, moratorias o ajustes, al menos, mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno.

“Muchos arrendatarios, coordinados o no, están notificando a los propietarios que dejan en suspenso sus obligaciones con respecto al pago de la renta”, explican fuentes del mercado a EXPANSIÓN.

Socimis como Lar España, Castellana Properties, General de Galerías Comerciales (GGC) -del empresario murciano Tomás Olivo- o Merlin; fondos como Blackstone a través de HIP; gigantes del retail como Sonae o Unibail-Rodamco-Westfield (URW); y gestoras inmobiliarias como Azora tendrán que analizar su política comercial y ver el modelo para compartir la carga con los inquilinos.

Aluvión de consultas

En los últimos días se ha producido un aluvión de consultas por parte de hoteleras, cadenas de restauración, retailers o distribuidoras. “Es imposible dar un respuesta única ya que todo depende de las cláusulas de los contratos y de la buena de fe de ambas partes en las negociaciones”, explica Ignacio Echenagusia, socio de Deloitte Legal.

Echenagusia recuerda que, en caso de que no se alcance un acuerdo y las partes decidan litigar, existen dos principios a los que puede acogerse el arrendatario en esta situación: el de causa de fuerza mayor y el principio conocido como rebus sic stantibus, expresión latina que recoge el derecho e implica que una alteración sustancial y totalmente imprevisible puede llevar a la modificación o extinción de las obligaciones del contrato.

Empresas del sector textil demandan ya la condonación de los alquileres, mientras que Marcas de Restauración, la patronal de cadenas de restauración, insta al Ejecutivo a pronunciarse en materia de arrendamiento y solicita la suspensión de las obligaciones económicas de los establecimientos con los arrendatarios de sus negocios mientras dure la crisis.

Por su parte, los grandes propietarios abren la puerta a una suspensión de los pagos sin modificación de los contratos o a un ajuste de las rentas mientras dura el estado de alarma decretado por el Gobierno y recuerdan que las casuísticas son muchas con tres clases de situaciones muy diferentes entre sí: los que no pueden abrir debido a la suspensión obligada por decreto; aquellos que, aunque pueden hacerlo, han decidido mantener los negocios cerrados; y los que siguen abiertos para mantener cierta actividad y diluir costes fijos, como algunos restaurantes con el servicio a domicilio, u otros como supermercados, farmacias, tiendas de mascotas o de tecnología cuyas ventas se han, incluso, acelerado en los últimos días.

Fuentes de Merlin explican que analizarán cada caso particular atendiendo a su política comercial en materia de bonificaciones de renta para compartir la carga de la difícil situación actual con sus inquilinos en aquellos locales y negocios que no pueden abrir al público. “Cada uno de ellos tiene un tratamiento diferencial, pero la idea es ayudarles todo lo posible y compartir el daño mientras el real decreto esté en vigor y les sigan obligando a estar cerrados”, aseguran a EXPANSIÓN.

En Lar España están evaluando los potenciales impactos en “permanente y fluido contacto” con sus inquilinos, como recordaron en la junta. “Es prematuro hablar de medidas concretas. Vamos a analizarlo centro a centro y cliente a cliente, con una perspectiva a medio plazo. Nuestra situación es muy saneada, con un apalancamiento bajo, de apenas el 34% del valor de los activos, y un coste medio del 2,1%. No tenemos apenas vencimientos hasta 2022 y tanto la tesorería como el balance son fuertes”, aclaran desde esta empresa.

Desde Millenium indican que la empresa tendrá la “mejor predisposición” para intentar adaptarse a la situación excepcional y ayudar a sus socios operadores. “Todo ello, sin dejar de velar por los intereses de la compañía y de sus accionistas”. “En los tres hoteles en funcionamiento la renta percibida es casi en su totalidad fija y no indexada al nivel de ocupación. El resto de la cartera, más del 60%, se encuentra mayoritariamente en desarrollo”, recuerdan desde la compañía.

La situación de las tiendas es distinta si están ubicadas a pie de calle, donde tienen contratos de alquiler con rentas fijas, en el interior de un centro comercial, con rentas variables en función de las ventas, o en aeropuertos, donde pagan un canon fijo (renta mínima garantizada) a Aena y, además, un porcentaje de las ventas. URW, propietario de ocho grandes centros comerciales en España como Parquesur, La Vaguada y La Maquinista, indica que ha iniciado el “diálogo con sus operadores sobre cómo abordar las obligaciones contractuales de los retailers en una situación sin precedentes”.

Las grandes promotoras aplazan dos meses el cobro a sus clientesDesplegable

Por Rebeca Arroyo

Las cinco grandes promotoras españolas -Metrovacesa, Vía Célere, Neinor, Aedas y Habitat- han decidido conjuntamente retrasar el cobro de las próximas mensualidades a sus clientes.

Estas compañías, tres de las cuales -Metrovacesa, Neinor y Aedas- cotizan en Bolsa, han acordado aplazar el cobro de los próximos dos pagos a cuenta de los clientes que así lo deseen “conscientes de la gravedad de la situación”.

Se tratan de clientes que han hecho ya la reserva y firmado el contrato privado y, hasta la firma de la hipoteca, cuentan con un calendario de pagos mensuales.

Estas cinco promotoras entregaron de forma conjunta cerca de 4.500 viviendas sólo el pasado año.

Con esta medida, las principales promotoras de viviendas de España buscan “contribuir a minimizar, en la medida de lo posible, los efectos económicos negativos que puedan estar sufriendo sus clientes a causa de la crisis sanitaria global provocada por el Covid-19”, apuntan las compañías en un comunicado conjunto.

Las empresas indican que se trata, sin duda, de una iniciativa “de responsabilidad y compromiso social” con la que pretenden aportar ayuda a las familias.

Por su parte, Lazora ha comunicado a sus cerca de 7.000 inquilinos en toda España que aplicará un programa de moratoria en el pago de las rentas durante el periodo de estado de alarma, así como un fraccionamiento posterior de las rentas no abonadas durante un año.

Esta medida afectará a todos aquellos inquilinos que se encuentren en una “situación de dificultad financiera y vulnerabilidad”.

Para poder acceder al programa, Lazora tomará como referencia los inquilinos que el Gobierno ha incluido en la moratoria del pago de hipotecas en el real decreto de medidas urgentes extraordinarias adoptado el pasado martes.

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